El 19 de agosto, las organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional agrario. Bloquearon carreteras, regaron leche sobre los automóviles y básicamente dejaron de producir comida para las ciudades. ¿El problema? Que están siendo asfixiados por las políticas gubernamentales.
El Estado no proporciona casi ningún apoyo al sector campesino de pequeña escala.i Al contrario, promueve un modelo económico y social que sirve a los intereses de una acaudalada y minoritaria élite. Los tratados de libre comercio (TLC) firmados recientemente con Estados Unidos y la Unión Europea están atentando contra los productores colombianos, que no pueden competir con las importaciones subsidiadas.ii El gobierno colombiano ha estado promoviendo activamente los acaparamientos de tierra por parte de las grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras (Monica Semillas de Brasil, Merhav de Israel, Cargill de EUA), con el fin de impulsar los agronegocios orientados a la exportación a expensas de los cultivos familiares orientados a la soberanía alimentaria.
Los manifestantes argumentan que es necesario proporcionarle un respaldo real al sector campesino, especialmente un acceso a la tierra y menores costos de producción. Si no ocurre esto, los productores de café, papa, carne y lácteos, por no mencionar a los pescadores en pequeña escala, no tendrán como continuar trabajando. Hay expulsión y exterminio. Ya puestos contra la pared, la movilización comenzó en una parte del país en junio y creció hasta convertirse en una acción coordinada a nivel nacional en agosto.